viernes, 17 de octubre de 2014

Ence, hora de executa-la sentencia

Por concesión estatal de xuño do 1958, o dominio público marítimo terrestre de Lourizán está nas mans do Grupo Empresarial Ence. Outras actividades están presentes nese espacio, algunhas sen concesión nen licencia municipal. Ence, presuntamente está fóra da lei por ter perdido a súa, por diversas vías, dend´o 2001, dito moi en breve. Aquí veu funcionando, ó parecer, unha auténtica ecomafia  porque as Administraciós, as tres, non entraron a resolve-lo problema das diversas ocupaciós ilegales de certas empresas e infraestructuras. Pra tentar acabar coesas presencias e coa contaminación da nosa ría foi necesario crea-la asociación Salvemos Pontevedra, que comezou a súa cruzada no ano 2004, en contra da actitude das Administraciós de esquece-los seus deberes, de mirar cara outros lados. Demasiados anos sofrindo esas presencias, marcada a nosa existencia, convivencia e saúde, especialmente por Ence i Elnosa. Pero o Tribunal Supremo acaba de desestimare dous recursos de casación de Ence e do MARM e de facer boa a sentencia da Audiencia Nacional do 19.05.2011, á que lle acaba de pasar orde de incoa-lo procedemento de caducidade da concesión e de interrupción da súa actividade industrial. Un artículo de Víctor Honorato, en El País, refírese á situación que está a vivire a pasteira, como tamén ás demandas de Salvemos Pontevedra, disposta a pedir, si é preciso, a execución forzosa da sentencia. Os políticos xa perderon o seu discurso falsamente ecoloxista.

Pontevedra, 17.10.2014
Entrada n. 1782 do blog

El Supremo manda ejecutar la sentencia contra la concesión de Ence,
por Víctor Honorato, en El País

El Tribunal Supremo no ha relajado la marcha tras la sentencia que dictó el pasado julio en la que confirmaba que la Administración debe tramitar la caducidad de la concesión sobre el dominio público marítimo-terrestre de la fábrica de Ence en Pontevedra. El Alto Tribunal ha devuelto las actuaciones a la Audiencia Nacional “a fin de que se proceda a la ejecución” y se incoe el expediente, que, según el nuevo reglamento de Costas, dejará en suspenso cualquier trámite para prorrogar la ocupación de los terrenos de la marisma de Lourizán.


La posibilidad de extender la concesión más allá de 2018 fue una novedad de la reforma de la Ley de Costas del año pasado que discurrió independiente de los frentes judiciales que desde el Ayuntamiento y varias asociaciones ecologistas se fueron suscitando en los últimos 15 años. El que más avanzó de entre estos fue el de la asociación Salvemos Pontevedra, que planteó que la concesión original, de finales de la década de los cincuenta, se excedió con creces y que cuando la empresa se privatizó no se siguieron los requisitos para transmitir el permiso. La Administración nunca contestó y los tribunales determinaron que dar la callada equivalía a asumir las protestas de la ONG, por lo que forzaron a tramitar la caducidad.


El esquivo expediente tendrá que analizar por fin la situación de los terrenos, donde sin muchos miramientos se levantaron estructuras que excedían la concesión, como la depuradora de aguas, que también arrastra una sentencia en contra pendiente de confirmación por el Supremo. Entre tanto no cabe hablar de prórrogas, según se harta de repetir el portavoz de Salvemos Pontevedra, Francisco Díaz, y reconoce expresamente el reglamento general de Costas aprobado la semana pasada en un artículo en el que señala que si se aprecian “causas de caducidad del título vigente o se esté tramitando un procedimiento de caducidad del título concesional […] el procedimiento de prórroga se dejará en suspenso”.


El embrollo legal añade mayor suspense al futuro de la pastera. El reglamento prevé hasta 18 meses para resolver el expediente de caducidad, pero solo tres para que la Xunta emita el informe sobre la conveniencia de la prórroga una vez la compañía la solicite –Ence ya presentó la petición, pero antes de que se aprobase el reglamento- La opinión de la Xunta tampoco obliga a Medio Ambiente, que puede rechazarla en base al “interés general”. La secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, expresaba vacilante el mes pasado su voluntad al mismo tiempo de colaborar para ejecutar la sentencia y de buscar “la mejor salida”.


Ante esto, la compañía se lamenta en un comunicado de “la incertidumbre que gravita” y que impide, avisan, “llevar a cabo importantes inversiones imprescindibles para “asegurar el futuro de la fábrica”, ya en clave económica. Francisco Díaz protesta y avisa de que pedirán la ejecución forzosa si Medio Ambiente sigue sin actuar. “Es una vergüenza que la Administración tenga que ser obligada por los particulares al cumplimiento de una sentencia del Supremo”.


4 comentarios:

Javier Tellagorri dijo...

Pues, sí, es una verguenza total que los particulares tengan que exigir a las Administraciones que cumplan o ejecuten las sentencias del Supremo.

Pero este país es así y está funcionando a base de mafias de industriales-políticos en exclusivo beneficio de unos pocos.

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, Javier:

Creo que la creación de Salvemos Pontevedra en el año 2003, al ver que no se hacían bien los deberes, fue feliz. Las sentencias logradas hasta ahora han sido resultado del trabajo acometido desde el 2004, en ejercicio de la acción popular. Pero aún parece lejano el triunfo contra la política de puertas giratorias practicada, incluso, por políticos menores, también partícipes, o parece, en la ecomafia que pugna por acabar con la ría y su litoral.

Un cordial saludo

José Luis Valladares Fernández dijo...

A ver si es verdad, y se ejecuta la sentencia de una vez. Porque ahora empezarán con alegaciones y otras gaitas para que no cambie nada.
De todos modos os felicito por vuestro trabajo y desvelo en defensa del medio ambiente.
Un abrazo

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, José Luís:

A ver cómo transcurre todo. El artículo hoy introducido apareció solamente en la edición online de El París. Deberían de haberlo publicado el día 17.10, pero no apareció.
Ayer era el Diario de Pontevedra el que publicaba el titular de que el Ministerio de Medio Ambiente (que no existe) había ordenado la suspensión de la prórroga de la concesión solicitada por Ence, lo que significa, aunque mantengan la información bajo mínimos que ya van aceptando como algo más que una simple tesis el hecho de que la empresa puede estar, efectivamente, sin concesión, que entendemos la han perdido por varias vías.
Gracias por tu comentario, José Luís.

Un abrazo