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Pontevedra, 29.01.2009
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Entrada n. 799 do blog
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OS BAIXOS FONDOS,
por Xesús López Fernández
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A situación preocupante do país en relación coa crisis prá que o Goberno carece de luces, que se lle poderían dar dende diversos colectivos cidadáns; a situación de inmoralidade e inxusticia rampante que estamos a sofrir; a involución que nos está a levare a unha situación de electroencefalograma social plano, e pra rúbrica do observado polos humoristas, inclúo un traballo de Ignacio Camacho, titulado "El Sumidero", publicado no ABC d´hoxe.
Sigue o traballo:
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EL SUMIDERO,
por Ignacio Camacho, 29.01.2009
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EN la República de Venecia existían unos buzones en forma de boca (bucos) para depositar las denuncias anónimas que alimentaban el forcejeo cainita de los patricios de la Serenísima. Cualquier ciudadano honorable estaba a merced de la calumnia sugerida o el rumor deslizado por aquellos sumideros de la hipocresía social. La delación ha sido siempre una herramienta política de primer orden en casi todas las estructuras de poder, que históricamente purgaban sus tensiones a través de redes de confidencias canallas, y por eso el Estado democrático levantó muros a la arbitrariedad estableciendo en el orden jurídico la necesidad de la prueba de cargo. Esta medida de higiene fundamental no ha erradicado el espionaje ilegítimo, ni impedido la frecuente liquidación moral del adversario mediante la difamación y la insidia, pero al menos ha proporcionado una cierta seguridad frente al chantaje. En democracia no basta sugerir, ni mezclar indicios, ni amontonar murmuraciones; hay que probar, y sólo los tribunales están autorizados para ponderar el peso de la carga probatoria.
EN la República de Venecia existían unos buzones en forma de boca (bucos) para depositar las denuncias anónimas que alimentaban el forcejeo cainita de los patricios de la Serenísima. Cualquier ciudadano honorable estaba a merced de la calumnia sugerida o el rumor deslizado por aquellos sumideros de la hipocresía social. La delación ha sido siempre una herramienta política de primer orden en casi todas las estructuras de poder, que históricamente purgaban sus tensiones a través de redes de confidencias canallas, y por eso el Estado democrático levantó muros a la arbitrariedad estableciendo en el orden jurídico la necesidad de la prueba de cargo. Esta medida de higiene fundamental no ha erradicado el espionaje ilegítimo, ni impedido la frecuente liquidación moral del adversario mediante la difamación y la insidia, pero al menos ha proporcionado una cierta seguridad frente al chantaje. En democracia no basta sugerir, ni mezclar indicios, ni amontonar murmuraciones; hay que probar, y sólo los tribunales están autorizados para ponderar el peso de la carga probatoria.
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Por eso toda esta trama de bajos fondos en que parece haberse convertido la política de Madrid, trufada de manejos turbios e insinuaciones oblicuas, sólo puede sustanciarse ante la autoridad judicial, que es a la única a la que corresponde determinar responsabilidades. La existencia de clanes faccionarios resulta consustancial a toda organización de poder, pero cuando sus pulsos de influencia traspasan las reglas del juego limpio es menester que actúe de forma apremiante la justicia. La guerra de dossiers clandestinos es una infamia impropia de la política democrática, que entra de lleno en el territorio de la extorsión coactiva. Si esos informes semiclandestinos que al parecer circulan por la Corte con datos de ciertos cargos públicos no contienen información penalmente relevante se trata de pura y simple extorsión, y si la tienen han de ser puestos de inmediato bajo custodia de un juez que investigue su alcance y evalúe su importancia.
Por eso toda esta trama de bajos fondos en que parece haberse convertido la política de Madrid, trufada de manejos turbios e insinuaciones oblicuas, sólo puede sustanciarse ante la autoridad judicial, que es a la única a la que corresponde determinar responsabilidades. La existencia de clanes faccionarios resulta consustancial a toda organización de poder, pero cuando sus pulsos de influencia traspasan las reglas del juego limpio es menester que actúe de forma apremiante la justicia. La guerra de dossiers clandestinos es una infamia impropia de la política democrática, que entra de lleno en el territorio de la extorsión coactiva. Si esos informes semiclandestinos que al parecer circulan por la Corte con datos de ciertos cargos públicos no contienen información penalmente relevante se trata de pura y simple extorsión, y si la tienen han de ser puestos de inmediato bajo custodia de un juez que investigue su alcance y evalúe su importancia.
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En este juego siniestro no valen investigaciones internas, ni siquiera comisiones parlamentarias en las que los políticos actúen de juez y de parte. Si se han producido actos fraudulentos, adjudicaciones tramposas o seguimientos ilegales tiene que intervenir el juzgado, y luego procederá la depuración política a que haya lugar de forma inexcusable. En ese sentido, los dirigentes del Partido Popular están cometiendo -todos- el grave error de enredarse en acusaciones mutuas sin haber explorado el fondo de la cloaca; prevalece tanto en ellos la pulsión del forcejeo intestino que olvidan la necesidad de no precipitarse. No es la responsabilidad de éste o de aquélla lo que está en juego, sino el crédito de un partido con muchos millones de votos detrás. El asunto es lo bastante peligroso para exigir cautela y mucha transparencia; no es momento de victimismos ni de conspiraciones, sino de arremangarse con honestidad para limpiar las alcantarillas. Quien tenga miedo a las salpicaduras no merece la confianza de los ciudadanos.
En este juego siniestro no valen investigaciones internas, ni siquiera comisiones parlamentarias en las que los políticos actúen de juez y de parte. Si se han producido actos fraudulentos, adjudicaciones tramposas o seguimientos ilegales tiene que intervenir el juzgado, y luego procederá la depuración política a que haya lugar de forma inexcusable. En ese sentido, los dirigentes del Partido Popular están cometiendo -todos- el grave error de enredarse en acusaciones mutuas sin haber explorado el fondo de la cloaca; prevalece tanto en ellos la pulsión del forcejeo intestino que olvidan la necesidad de no precipitarse. No es la responsabilidad de éste o de aquélla lo que está en juego, sino el crédito de un partido con muchos millones de votos detrás. El asunto es lo bastante peligroso para exigir cautela y mucha transparencia; no es momento de victimismos ni de conspiraciones, sino de arremangarse con honestidad para limpiar las alcantarillas. Quien tenga miedo a las salpicaduras no merece la confianza de los ciudadanos.