Iñaki Zaragüeta, autor do artículo publicado onte en La Razón, baixo o título de "No tenemos democracia", que presentamos seguidamente.
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Pontevedra, 3.02.2009
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Entrada n. 807 do blog
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Ten razón o autor cando afirma que estamos en vísperas dunhas elecciós que poden mesmo decidiren os netos de emigrantes que desconocen a nosa realidade, mentres vascos exiliados de Euskadi, aínda residindo en España, non van poder votar. Sigue o artículo:
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NO TENEMOS DEMOCRACIA,
por Iñaki Zaragüeta
2 Febrero 09
Tenemos el problema más grave del mundo desarrollado y no sabemos o no queremos solucionarlo. En algunos territorios de España no hay libertad y, en consecuencia, no puede haber democracia. Y en dos de ellos van a celebrarse elecciones el uno de marzo. Galicia y el País Vasco afrontan una llamada a las urnas en unas condiciones que los observadores internacionales no homologan en otras partes del mundo. Con el agravante de que en Euskadi la cosa viene de lejos, pero en Galicia la responsabilidad es directa del PSOE de Zapatero, que ha propiciado leyes para establecer esta situación. ¿Cómo puede explicarse que personas, por el mero hecho de ser nietos de gallegos, que no han pisado jamás esta tierra ni la pisarán, puedan decidir las elecciones? Para mayor afrenta, las sacas que han de remitirse a España, pueden ser controladas por regímenes como el de Hugo Chávez o Evo Morales, que han demostrado ciscarse en los principios democráticos para perpetuarse en el poder. Y a la vez, centenares de miles de vascos -200.000 o 300.000, da igual- no pueden votar en su tierra por haber tenido que emigrar a otras zonas de España por causa de las amenazas de muerte de ETA. La excusa es que no están empadronados allí. Y no lo están, porque no tienen otra opción que hacerlo en el lugar de residencia si quieren tener derecho, por ejemplo, a un colegio concertado para sus hijos. Aquéllos, los nietos e hijos de emigrantes, decidirán las elecciones gallegas y, sin embargo, éstos se ven privados de la oportunidad de cambiar un Gobierno y tener la posibilidad de regresar a su pueblo, además de que otros cuantos miles no se atreven a ir a las urnas o, si lo hacen, ejercen su derecho casi en la clandestinidad. ¿Por qué no se aprueba una ley para que puedan votar en su territorio natal si no viven allí por razones como la citada. Y con este escenario, elementos sustanciales de la sociedad civil, como sindicatos y patronal, optan por el silencio. Da igual que se atente contra la democracia o que 200.000 trabajadores vayan al paro cada mes. Pero ésa es otra historia.
Tenemos el problema más grave del mundo desarrollado y no sabemos o no queremos solucionarlo. En algunos territorios de España no hay libertad y, en consecuencia, no puede haber democracia. Y en dos de ellos van a celebrarse elecciones el uno de marzo. Galicia y el País Vasco afrontan una llamada a las urnas en unas condiciones que los observadores internacionales no homologan en otras partes del mundo. Con el agravante de que en Euskadi la cosa viene de lejos, pero en Galicia la responsabilidad es directa del PSOE de Zapatero, que ha propiciado leyes para establecer esta situación. ¿Cómo puede explicarse que personas, por el mero hecho de ser nietos de gallegos, que no han pisado jamás esta tierra ni la pisarán, puedan decidir las elecciones? Para mayor afrenta, las sacas que han de remitirse a España, pueden ser controladas por regímenes como el de Hugo Chávez o Evo Morales, que han demostrado ciscarse en los principios democráticos para perpetuarse en el poder. Y a la vez, centenares de miles de vascos -200.000 o 300.000, da igual- no pueden votar en su tierra por haber tenido que emigrar a otras zonas de España por causa de las amenazas de muerte de ETA. La excusa es que no están empadronados allí. Y no lo están, porque no tienen otra opción que hacerlo en el lugar de residencia si quieren tener derecho, por ejemplo, a un colegio concertado para sus hijos. Aquéllos, los nietos e hijos de emigrantes, decidirán las elecciones gallegas y, sin embargo, éstos se ven privados de la oportunidad de cambiar un Gobierno y tener la posibilidad de regresar a su pueblo, además de que otros cuantos miles no se atreven a ir a las urnas o, si lo hacen, ejercen su derecho casi en la clandestinidad. ¿Por qué no se aprueba una ley para que puedan votar en su territorio natal si no viven allí por razones como la citada. Y con este escenario, elementos sustanciales de la sociedad civil, como sindicatos y patronal, optan por el silencio. Da igual que se atente contra la democracia o que 200.000 trabajadores vayan al paro cada mes. Pero ésa es otra historia.
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